Proyecto Pumalín

Nuevos reparos enfrenta el acuerdo negociado entre la Secretaría General de la Presidencia y el empresario Douglas Tompkins, para la constitución de la Fundación Pumalín; este último

aportará cerca de 300 mil hectáreas en Palena, que van desde la frontera al mar. La negociación implica autorizar una fundación controlada por dicho empresario y la declaración de santuario de la naturaleza, con condiciones particulares de afectación para las tierras donadas. Este proyecto ha causado persistente rechazo de autoridades comunales, parlamentarios y personeros de un amplio espectro político, incluyendo a un ex Presidente de la República. La oposición se origina, fundamentalmente, en que se trataría de un estatuto particular, otorgado por el Gobierno a una extensa propiedad, que condicionaría por tiempo indefinido una porción significativa del territorio nacional, amparándola en la institución de santuario de la naturaleza, concebida para dimensiones limitadas de terrenos.

Dicho régimen de excepción, sin precedentes —incluso en otros países— por la extensión de los territorios, podría tener resultados imprevisibles para la integración física y humana del país, el desarrollo de comunidades vecinas, el poblamiento, el ejercicio de la soberanía y actividades y recursos naturales susceptibles de desarrollarse de manera sustentable, en una zona aislada, con altos índices de pobreza y un amplio potencial. Senadores de todas las persuasiones políticas han representado los peligros de sustraer del derecho común a este proyecto, que podría obstaculizar áreas de utilidad pública, caminos locales y longitudinal, causando aislamientos y divisiones sociales y territoriales significativas. Además, existen suspicacias por las descalificaciones del interesado a sus detractores, el despoblamiento y el crecimiento progresivo de los terrenos del proyecto, en contravención a lo acordado con anteriores autoridades.

A estas prevenciones no está ajena la experiencia de "Colonia Dignidad", que con su autarquía logró transformarse en un enclave. Los gobernantes están actuando con prudencia al realizar consultas con quienes impugnan la conveniencia y legitimidad de un acuerdo trascendente, cuya fragilidad proviene de un acto administrativo excepcional y ampliamente cuestionado sobre un extenso e importante territorio. La propiedad tiene una función social que se define, antes que nada, por los intereses generales de la nación, que no pueden derogarse por actos administrativos destinados a proteger beneficios ecológicos particulares y pretendidamente absolutos. Las autoridades tienen la delicada responsabilidad de evitar que este proyecto lesione el interés nacional, por atender a los aspectos exclusivamente conservacionistas que aparenta promover el interesado.