Informe de Contraloría obliga a cambiar planes pro—empleo

Los programas pro—empleo dan trabajo a unas 600 personas en la Región.

La Contraloría Regional de Los Lagos obligó a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo a modificar los mecanismos a través de los cuales se adjudican los proyectos de los planes de fomento al empleo, denominado Pro—empleo.

El organismo contralor realizó una investigación a estos proyectos desde el año 2001 hasta agosto del año pasado. Al mismo tiempo que Contraloría desarrolló su labor, surgieron versiones que señalaban que se había privilegiado a consultoras ligadas a la Democracia Cristiana tales iniciativas.

Ayer, el secretario regional ministerial del Trabajo, Ramón Espinoza explicó que "ese tema es recurrente. Nosotros hemos trabajado con 42 contratistas de obras menores y con 9 organismos técnicos. En ese universo, hay gente vinculada a todos los sectores. Pero no es un tema político".

Espinoza recalcó que se trata de consultoras que tienen un prestigio. "Ese fue un tema que se planteó también por algunos parlamentarios. Hemos demostrado a la Contraloría que del 100 por ciento de los recursos invertidos, no más allá del 29 por ciento ha estado concentrado en consultoras".

Insistió en que las utilidades de este tipo de planes son muy bajas para los empresarios, en torno al 4 ó 5 por ciento. "Este no es un negocio, es un programa social", sentenció.

El informe determinó que la rendición de cuentas estaba al día.

LAS MEDIDAS

Las medidas sugeridas por la Contraloría a la Seremi del Trabajo apuntan a transparentar el proceso y aumentar su oferta. Entre éstas se destacan la utilización del portal electrónico www.chilecompras.cl, el que ya está siendo usado por el Fosis.

Paralelamente, se mejorará el proceso de adjudicación de las propuestas, con la finalidad de poder realizar trato directo y licitaciones públicas.

Además, la Seremi firmará convenios con las muncipalidades, los que demandan los cupos de empleo. De esta forma se realizará un compromiso sobre los insumos a utilizar y el tiempo en que serán entregados. Al mismo tiempo, se duplicarán los sistemas de control sobre las obras, tanto de las empresas ejecutoras, como de los municipios.

Las municipalidades también deberán considerar la calificación de la mano de obra que realizará los proyectos.

Además, se establecerá como requisito que en la postulación que los municipios presenten, se tenga un registro formal de los jefes de hogar cesantes. En el caso que los municipios nieguen tal inscripción —la Seremi recibió una denuncia en tal sentido desde Llanquihue— se informará a la Contraloría.

Por último, se exigirá una rendición detallada de los gastos de cada proyecto y se establecerá los días exactos para la contratación del personal.

Actualmente, el programa Pro empleo tiene contratados a unos 600 trabajadores en 8 comunas, con una inversión que supera los 180 millones de pesos. Desde que este tipo de proyectos se lleva adelante, se han ejecutado más de 218 iniciativas, con una inversión de 3 mil 28 millones de pesos, empleando a más de 8 mil cesantes.

Hernán Osses S.