Laberinto en el bosque nativo

La Ley de Fomento y Recuperación del Bosque Nativo en sus largos años de análisis y debate desde 1992, ha tenido demoras y tropiezos porque no cumple ni con las expectativas y ni siquiera con su título.

Esto ha tenido entre sus causas las distintas visiones que hay en nuestra sociedad respecto al bosque y una omisión de los últimos gobiernos, en el sentido de permitir tácita y explícitamente su sustitución y no ejercer acciones para que a través de instrumentos de fomento, éste se pueda plenamente valorar y proteger. Los múltiples servicios ambientales inherentes al bosque nativo, no han sido considerados. En términos prácticos tampoco se puede exigir a sus propietarios que los cuiden con fines sociales si en ellos el Estado no se hace partícipe.

La ya larga historia de su procedimiento legislativo que incluye seminarios, visitas a terreno, talleres, valoración de prácticas positivas de identificación de las negativas, análisis de sistema institucional forestal chileno, debates entre las distintas visiones del bosque con su rol privado y social, una creciente conciencia de su valoración interna y de las exigencias externas de los países que conforman nuestro mercado, resultan dignos de investigación.

Los más afectados por esta larga demora son justamente, el bosque nativo y los pequeños propietarios con una situación económica desmedrada. Los planes de manejo son poco fiscalizados y coexisten con prácticas semiformales como la extracción de leña. El bosque nativo chileno es único en el mundo, es un bien cada vez más escaso y las opciones de desarrollo que tiene protegiéndolo y recuperándolo resultan cada vez mayores. Los países a los cuales van nuestros productos silvoagropecuarios hacen hoy exigencias de trazabilidad. Los consumidores de vinos, frutas o madera quieren saber si están avalando una posible sustitución o deterioro de los ecosistemas.

En las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Senado, justamente se logró un acuerdo después de muchas vicisitudes que evitan la sustitución de todos los tipos forestales del país y establecen criterios para la sustitución del bosque esclerófilo por actividades hortofrutícolas en la Zona Central de Chile reduciendo las áreas a intervenir sin reposición de éste. Este acuerdo además incluye mayores exigencias para asegurar el aprovechamiento de árboles protegidos y muertos, hace ya muchos años como el alerce y el que propietarios de bosques de tamaño menor a un metro pueden ser sujetos de bonificación. La desgracia es que para los subsidios hay que concursar, por lo cual se hace engorrosa la postulación y más difícil que éstos lleguen definitivamente a los propietarios.

El Ejecutivo y el próximo gobierno deberán por exigencias ciudadanas y por cumplimiento de compromisos internacionales firmados por Chile, asegurar una política nacional de valoración integral de nuestro bosque nativo y ecosistemas asociados. Este es el hilo de Ariadna para salir del laberinto.